La capitalización de intereses en préstamos convertibles puede generar un problema fiscal relevante tanto para startups como para inversores: la obligación de practicar e ingresar una retención ante la Agencia Tributaria, incluso cuando no existe una salida real de caja.
Este efecto fiscal puede provocar tensiones de tesorería en momentos críticos, especialmente cuando los fondos obtenidos ya han sido destinados a la actividad empresarial y no existe liquidez disponible para cumplir con dicha obligación.
Los préstamos convertibles, uno de los instrumentos de financiación más utilizados en fases iniciales, permiten convertir el importe prestado en participaciones o acciones en un plazo determinado. Su flexibilidad los convierte en una herramienta clave cuando aún existen incertidumbres que dificultan una ronda de inversión tradicional.
Sin embargo, aunque su mecánica societaria es sencilla, su tratamiento fiscal —especialmente en relación con los intereses— requiere un análisis técnico riguroso para evitar contingencias inesperadas.
1. Obligación de retención en la capitalización de intereses
En España, los intereses tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario y, cuando son satisfechos por una persona jurídica, pueden estar sujetos a retención.
La normativa tributaria establece que la obligación de retener nace cuando los intereses:
- son exigibles, o
- se satisfacen
En los préstamos convertibles con capitalización de intereses, esto adquiere una particular relevancia, ya que:
- los intereses no se pagan en efectivo
- se integran en la conversión en acciones o participaciones
Por tanto, la retención puede devengarse en el momento de la conversión, aunque no exista pago dinerario.
2. Dry tax charge: tributación sin liquidez
Este escenario da lugar al conocido fenómeno del “dry tax charge”, es decir, una obligación fiscal sin liquidez asociada.
En la práctica:
- la startup debe ingresar la retención en Hacienda
- el inversor debe tributar por los intereses
- pero no ha existido flujo de caja
Esto resulta especialmente problemático porque la capitalización de intereses está diseñada precisamente para proteger la tesorería durante fases de crecimiento.
Además, la startup deberá cumplir con sus obligaciones formales mediante el Modelo 123, dentro de los plazos establecidos, ya que el incumplimiento puede generar:
- intereses de demora
- sanciones tributarias
- incremento del coste financiero real
3. Consecuencias fiscales y societarias
Si el contrato no regula expresamente la retención, pueden surgir conflictos e incertidumbres:
- ajustes en el número de participaciones o acciones entregadas
- alteración del equilibrio económico pactado
- tensiones entre socios e inversores
Desde la perspectiva del inversor:
- la capitalización implica un ingreso sujeto a IRPF o Impuesto sobre Sociedades
- puede recibir menos participaciones de las previstas si se ajusta la retención
Todo ello puede afectar directamente a la rentabilidad esperada y a la seguridad jurídica de la operación.
4. Importancia de la correcta estructuración del préstamo convertible
La redacción del préstamo convertible es clave para evitar riesgos fiscales asociados a la capitalización de intereses.
Una correcta estructuración debe prever:
- cómo se gestionará la retención en la conversión
- quién asume el coste económico
- cómo se cumplirán las obligaciones ante la Agencia Tributaria
- cuál será el impacto en la tesorería
Sin esta previsión, la conversión puede generar una necesidad de liquidez imprevista, transformando un instrumento diseñado para proteger la caja en una fuente de riesgo financiero.
5. Conclusión: clave fiscal en préstamos convertibles
La capitalización de intereses en préstamos convertibles responde a una lógica financiera clara: preservar la liquidez de la empresa.
No obstante, en el sistema fiscal español puede generar:
- obligación de retención sin pago en efectivo
- tributación para el inversor
- impacto directo en la tesorería
Este riesgo, aunque no siempre evidente, puede afectar al cumplimiento normativo, la estructura financiera y la relación entre las partes.
Por ello, anticipar la obligación de retener y regularla contractualmente es esencial para garantizar la viabilidad de la operación y evitar contingencias futuras.
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