Nuevo Reglamento Europeo 2019/1150: fomento a la equidad y transparencia en plataformas B2B2C

Las novedades legales que produjo la tendencia del comercio online.

El aumento significativo del uso de las plataformas en líneas como intermediadoras en las transacciones, es proporcional al número de empresas que usan tales servicios.

Los profesionales dependen cada vez más de estos servicios ya que, al brindarles una mayor visibilidad, han adquirido un papel decisivo en su día a día.

De tal manera que, con el propósito de evitar comportamientos y situaciones que pudieran resultar perjudiciales para los intereses de los usuarios y, por ende, para los consumidores finales de la UE, el 11 de julio se publicó el Reglamento (UE) 2019/1150, del Parlamento y del Consejo, de 20 de junio de 2019. El mismo, aborda el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea. 

Este reglamento articula un marco regulatorio para los proveedores de servicios de intermediación en línea (“PSI”), tales como market places, servicios de software en línea, servicios de redes sociales en línea, entre otros, y para los proveedores de motores de búsqueda (“PMB”), como Google, Yahoo, Bing, etc. El objetivo de esta iniciativa es preservar los intereses de las empresas que entablan relaciones a través de este tipo de servicios y proteger de manera indirecta a sus consumidores. Cabe destacar que quedan excluidos de su ámbito de aplicación, los servicios de pago, herramientas de publicidad y plataformas de intercambios publicitarios en línea.

El mencionado ámbito de aplicación, no se determina por el domicilio del prestador de servicios sino por el destinatario de los mismos. Siguiendo la línea del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (“RGPD”), el Reglamento es de aplicación a aquellos PSIs y PMBs que estén establecidos fuera de la Unión y presten u ofrezcan sus servicios a profesionales y usuarios de sitios web corporativos localizados dentro de la Unión y, asimismo, ofrezcan sus bienes y servicios a los consumidores de la Unión.

 

¿Qué novedades introduce el nuevo Reglamento?

1.    Asegurar la existencia de condiciones generales claras y previsibles.

El Reglamento instaura determinadas obligaciones con el fin de asegurar la claridad de las condiciones y la previa comunicación de cualquier modificación de estas. De tal manera, tales condiciones deberán reunir los siguientes requisitos o, de lo contrario, serán consideradas nulas:

  1. Redacción clara e inequívoca.
  2. Disponibilidad de las condiciones en todas las etapas contractuales.
  3. Estipulación de las causas de suspensión, terminación o restricción de la prestación de servicios.
  4. Inclusión de información sobre canales de distribución adicionales y programas asociados.
  5. Incorporación de información sobre su posible afección a los derechos de propiedad intelectual.

En el momento en el que el prestador de servicios decidiera modificar las condiciones, deberá notificarlo a los usuarios como mínimo 15 días antes. Esto ofrecerá el derecho a los usuarios de resolver el contrato con el proveedor antes de que expire el mencionado plazo.

2.    Concreción de los motivos que pueden causar la suspensión o terminación de los servicios.

Será necesario indicar los motivos que causen la suspensión o terminación de los servicios. Estos deberán determinarse en un soporte duradero y el usuario profesional podrá aclarar cualquier circunstancia a través del procedimiento interno de reclamaciones.

3.    Determinación de las condiciones de clasificación.

Deberán indicarse en las condiciones generales los parámetros principales que rigen su clasificación. Además, aquellos motivos por los que cuentan con una importancia relativa superior a la de los otros parámetros. En concreto, los PMBs deben de facilitar tal información de manera accesible para el público, con una redacción sencilla, comprensible y actualizada. Por otro lado, deberán informar si, en todo caso, la posible remuneración puede influir en la clasificación. No obstante, la obligación de revelar tales parámetros principales que determinan el ranking no implica, según precisa el Reglamento, que se revelen los algoritmos o información que pudiera constituir un secreto empresarial.

4.    Descripción de bienes y servicios auxiliares y tratamiento diferenciado.

Será necesario la incorporación de una descripción en las condiciones. Estas deben hacer referencia a todo tipo trato diferenciado que den, o que puedan dar, en relación con los bienes o servicios que ofrezcan a los consumidores, a través de los servicios de intermediación en línea. Por otra parte, también deben hacer referencia a la relación con otras empresas.

5.    Resolución extrajudicial de conflictos y acciones judiciales.

El Reglamento introduce un sistema de tramitación de reclamaciones. En este se se establece un procedimiento gratuito, mediante el cual los usuarios pueden aclarar los hechos y circunstancias que motivan las decisiones de restricción, suspensión y terminación. Tal como mencioné anteriormente, deberán ser en un plazo razonable y basándose en unos principios de transparencia e igualdad de trato.

Asimismo, se da paso a un sistema de mediación a través del cual los proveedores de servicios en línea deberán designar dos o más mediadores con los que estén dispuestos a colaborar. Esto, con el fin de llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales.

6.    Acceso a datos personales y no personales.

Los PSI deberán incluir determinada información en sus términos y condiciones sobre el acceso que tengan los profesionales a datos personales o no personales, proporcionados por los usuarios profesionales o los consumidores para utilizar los servicios de intermediación.

 

Conclusiones.

Tras el análisis de las novedades, podemos concluir que el fin último del nuevo Reglamento, es incentivar un entorno digital más previsible y transparente, así como equitativo. Todo ello está dirigido a empresas y comerciantes que acuden a proveedores de servicios de intermediación en línea y proveedores de motores de búsqueda como si fueran sus “guardianes de acceso” a los mercados y consumidores.

Beatríz Benítez-Alahija
Abogada

 

 

 

 

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