Resumen principales medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Las principales novedades que trae el nuevo Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (RD Ley 16/2020) son las siguientes:

  1. Del 11 al 31 de agosto 2020 (exceptuando festivos y fines de semana) serán hábiles para todos los procedimientos (los urgentes, siguen teniendo todo el mes de agosto como hábil).
  2. La suspensión de los plazos supone empezarlos de nuevo (enteros, es decir volverán a contarse desde su inicio) a partir del día en que se alce la suspensión de los plazos y en los siguientes 20 días.
  3. Celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio.
  4. Se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas.
  5. Refuerza a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías con nuevos instrumentos electrónicos y sistemas de información para que puedan desarrollar su función telemáticamente.
  6. La tramitación de la impugnación de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas por parte de la comisión representativa para paliar los efectos surgidos a causa del COVID-19 se tramitará conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo (ver enlace).
  7. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario y en el supuesto de que se haya presentado solicitud de declaración de concurso voluntario, ésta se tramitará con preferencia.
    Por otro lado, hasta transcurrido un año desde la declaración del estado de alarma (esto es, el 16 de marzo de 2021), se tramitarán con carácter preferente, entre otros: (i) Los incidentes concursales en materia laboral; (ii) las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo y (iii) los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.

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