Resumen de las medias laborales aprobadas en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Se han introducido nuevas medidas que modifican las recogidas en los anteriores reales decretos publicados en relación al estado de alarma que sufre España debido a la crisis sanitaria a causa del COVID-19.

En concreto, en materia laboral, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (en adelante “RD-Ley 15/2020”) trata las siguientes cuestiones.

  • Se prorroga dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada con posibilidad de sucesivas prórrogas (art. 15 RD-Ley 15/2020).
  • La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior (art. 22 RD-Ley 15/2020).
  • Se regula la posibilidad del rescate de los planes de pensiones (art. 23 RD-Ley 15/2020).
  • Los autónomos están obligados a tener la cobertura de incapacidad temporal y cese de actividad con una Mutua y no con la entidad gestora (INSS o ISM), formalizando el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses (disposición adicional décima RD-Ley 15/2020).
  • La Mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asumirá la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura (disposición adicional undécima RD-Ley 15/2020).
  • Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (disposición final tercera RD-Ley 15/2020).
  • Se permite la tramitación del ERTE por fuerza mayor en empresas que desarrollan actividades esenciales que no se han visto por ejemplo afectadas por el cierre de su negocio, pero sí de forma indirecta, véase una plantilla de abogados procesalistas que mayoritariamente acuden a litigar y se han visto imposibilitados para ello debido al cierre de los Juzgados.

    Se pueden incluir en un ERTE a los trabajadores fijos discontinuos que habrían sido llamado a realizar su actividad laboral (disposición final octava RD-Ley 15/2020).

  • Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

    Se tipifica como sanción muy grave la conducta empresarial consistente en presentar solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y establecer una responsabilidad empresarial directa en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos (disposición final novena RD-Ley 15/2020).

  • Modifica la solicitud de aplazamientos de Seguridad Social derivados de la crisis del Covid-19 (disposición final décima RD-Ley 15/2020):
    • Se simplifica el procedimiento de resolución de aplazamiento.
    • Se fija el plazo de amortización y el pago escalonado de la deuda de forma que se hará mediante pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.
    • Se establece que la solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.
    • Se declara este aplazamiento incompatible con la moratoria de cotizaciones sociales a empresas y autónomos regulada en el artículo 34 del mismo Real Decreto-ley 11/2020, considerándose no presentadas las solicitudes de aplazamiento por períodos respecto de los que también se haya solicitado y concedido la referida moratoria.

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