Cómo afecta el COVID-19 en materia procesal

Medidas en materia Procesal.

 

13 DE MARZO:

 

Las actuaciones judiciales y a los plazos procesales y administrativos, quedan en suspenso hasta el fin de la vigencia del citado Real Decreto 463/2020 o, en su caso, hasta el fin de las prórrogas de este. Se establecen, no obstante, una serie de excepciones a esta suspensión:

 

  • Los procedimientos para la protección de derechos fundamentales.

 

  • Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales.

 

  • La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

 

  • La adopción de medidas de protección del menor.

 

Igualmente, el Real Decreto 463/2020 suspende todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia de este o, en su caso, de sus prórrogas. 

 

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en aplicación del Real Decreto 463/2020, ha acordado el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia:

 

  • Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable.

 

  • Internamientos urgentes al amparo del artículo 763 LEC (internamiento no voluntario por trastorno psíquico).

 

  • La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables.

 

  • Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que correspondan. 

 

  • El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia.

 

  • Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables.

 

  • Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

 

  • Actuaciones en materia de vigilancia penitenciaria.

 

  • En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral.

 

  • En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.

 

  • Los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes.

 

Todas las actuaciones que no se encuentren incluidas en esta lista quedarán en suspenso y no podrán llevarse a cabo salvo que así lo manifieste expresamente el CGPJ o el Consejo de Ministros.

 

31 DE MARZO:

 

El Real Decreto-ley 11/2020 establece una ampliación de los plazos para la presentación de recursos en vía administrativa o para instar cualquier otro procedimiento de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que, de acuerdo con las leyes, sustituyan a éstos. Dicha ampliación se traduce en que los plazos para realizar las anteriores actuaciones se computarán desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma, incluso en los casos en los que antes de la declaración del estado de alarma hubiera transcurrido parte de estos.

 

Igualmente, se acuerda la aprobación de un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes social, contencioso-administrativo y en los juzgados de lo mercantil, con el fin de contribuir a la recuperación económica.

 

En el caso de los desahucios de viviendas (no se ven incluidos los locales de negocio) se prevé que, una vez levantada la suspensión de los términos y plazos procesales tras la finalización del estado de alarma, se puedan suspender los lanzamientos o procedimientos de desahucios (cuando aún no se hubiese señalado fecha para el lanzamiento) por un periodo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas.

 

Esta suspensión será viable cuando los arrendatarios acrediten insuficiencia económica derivada de los efectos del COVID-19 y no puedan encontrar una alternativa habitacional. En este caso, será el Letrado de la Administración de Justicia quien decrete la suspensión por el tiempo estrictamente necesario. En caso de que el arrendador se encuentre, igualmente, en situación de especial vulnerabilidad, este extremo será tenido en cuenta para el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y las medidas de protección social a adoptar.

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