CÓMO AFECTA EL COVID-19 EN EL ÁMBITO MERCANTIL

COVID-19 MERCANTIL

 

18 DE MARZO:

 

Esta misma mañana del día 18 de marzo de 2020 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Como es ya bien sabido, la influencia que el COVID-19 está ejerciendo y seguirá haciéndolo sobre nuestro día a día es superlativa, y la economía no es ajena a ello. Precisamente por esto se publica el mencionado Real Decreto-ley, que pretende paliar los daños que este virus puede causar en nuestra economía. En este sentido, es evidente que las sociedades mercantiles no son en absoluto ajenas a esta situación, y el gobierno ha decidido introducir una serie de medidas excepcionales con tal de facilitar el funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades, medidas que se pueden ver plasmadas en el artículo 40 del citado Real Decreto-ley y del que se procede a un análisis a continuación.

 

  • La posibilidad que antes solo existía en caso de que lo previesen los Estatutos Sociales de asistencia telemática a las juntas de accionistas (Artículo 182 LSC para S.A. y RDGRN de 19 de diciembre de 2012 para S.L.) se extiende ahora a todas las sociedades independientemente de que se prevea o no por los Estatutos.
  • Se amplía la posibilidad de voto por escrito y sin sesión tanto para S.A. como para S.L. antes solo contemplado en el artículo 248 LSC.
  • Se suspende la formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 hasta la finalización del Estado de Alarma y, desde dicha fecha, se da un plazo de tres meses para su formulación por los administradores.
  • Si ya se habían formulado las Cuentas Anuales previamente a la declaración del Estado de Alarma, se da un plazo de dos meses desde la finalización del Estado de Alarma para su aprobación por la Junta de Socios.
  • Se establece la obligación de reunirse para aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 en los tres meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.
  • Si se convocó la junta antes de la declaración del Estado de Alarma y está prevista para este periodo, el Órgano de Administración queda facultado para modificar lugar y hora o para revocar la convocatoria con una antelación mínima de 48 horas. En caso de revocar, se deberá convocar de nuevo.
  • Si se requiere la presencia de un notario para que asista a una Junta de Socios, podrá hacerlo de modo telemático. 
  • Se deja en suspenso el derecho de separación de los socios si concurre una causa legal o estatutaria hasta la finalización del Estado de Alarma.
  • El reintegro de la aportación de los socios cooperativos que causen baja durante el Estado de Alarma se prorroga hasta seis meses tras la finalización de este.
  • Si el término de duración de una sociedad se da durante la vigencia del Estado de Alarma, no se disolverá hasta dos meses después de la finalización de este.
  • Si antes de la declaración del Estado de Alarma concurría una causa de disolución, el plazo para convocar junta por los administradores queda suspendido hasta la finalización del Estado de Alarma.
  • Si la causa de disolución acaece durante el Estado de Alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en este periodo.

 

El aspecto concursal es otro de los especialmente afectados por la declaración del Estado de Alarma y el Real Decreto-ley no es ajeno a esto, por ello establece, en su artículo 43, una serie de medidas para reducir el impacto económico de la crisis sobre las personas físicas y jurídicas en situación de insolvencia. 

Concretamente, se establece que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia durante la vigencia del Estado de Alarma no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el transcurso de dos meses tras la finalización del mismo. Del mismo modo, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso voluntario que se presenten durante estos dos meses y, si se presenta solicitud de declaración de concurso voluntario, se admitirá con preferencia a la solicitud de concurso necesario, aunque fuese posterior, siempre dentro de estos plazos.

Tampoco estará obligado a solicitar la declaración del concurso quien se encuentre en negociación con los acreedores al amparo del artículo 5 bis de la Ley Concursal. 

31 DE MARZO:

El Real Decreto-ley 11/2020 modifica también ciertos puntos de carácter societario que se enumeran a continuación:

  • Se amplía la posibilidad de llevar a cabo las reuniones de órganos de administración de las sociedades mercantiles, civiles, asociaciones cooperativas y fundaciones no solo por medio de videollamada, sino, además, por conferencia telefónica siempre que los secretarios del órgano reconozcan la identidad de los asistentes, estos dispongan de los medios necesarios para llevarla a cabo y se remita un acta en el que se indique todo este contenido por medio de correo electrónico.
  • Se permite igualmente celebrar las juntas de socios, asambleas de socios o asociados por medios telefónicos además de por video llamada.
  • Los acuerdos por escrito y sin sesión se podrán adoptar siempre que lo decida el presidente o lo soliciten al menos dos de los miembros del órgano de que se trate.
  • A pesar de haber quedado suspendido el plazo de formulación de las cuentas anuales, hasta los tres meses siguientes al término del plazo del estado de alarma, es válida la formulación durante el periodo de alarma, aplicando las reglas de extensión de plazo para la verificación por auditores.
  • En relación con la extensión del plazo para la auditoría de cuentas a dos meses tras la finalización del estado de alarma, se aplica el mismo a los casos de las cuentas anuales formuladas antes del inicio del estado de alarma.
  • Finalmente, respecto a la propuesta de aplicación de resultado de las sociedades que hubieran formulado sus cuentas antes del inicio del estado de alarma, se podrá modificar la propuesta contenida en la memoria y someter otra propuesta a la junta general, acompañada por un escrito del auditor indicando que su opinión no hubiera cambiado de haber conocido antes la nueva propuesta. Se permite, igualmente, retirar la propuesta de aplicación del resultado de sociedades cuya junta estuviera ya convocada y diferir ese punto a una junta posterior con similares requisitos a los indicados.

 

En relación con las medidas que afectan la legislación concursal, el Real Decreto-ley 11/2020 aclara varios puntos que no se habían contemplado en el 8/2020:

  • En relación con los ERTEs presentados ante el juez del concurso al amparo del RD-Ley con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 11/2020 se procederá del siguiente modo:
    • Si hubiesen sido aprobados ya por el juez del concurso, se mantendrán y tendrán plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el RDL 8/2020.
    • Si no hubiesen sido aprobados todavía, se remitirán a la autoridad laboral para que continúe la tramitación, conservando su validez las actuaciones previamente practicadas.

 

  • Las empresas en concurso podrán acogerse a los ERTEs previstos por el RD-Ley 8/2020 por las causas de fuerza mayor o económicas, técnicas u organizativas, a pesar de encontrarse en situación de insolvencia. El acceso a los ERTEs por ambas razones queda condicionado a la viabilidad de la empresa en concurso. El procedimiento se deberá ajustar a lo previsto por el Estatuto de los Trabajadores y del propio RD-Ley 8/2020 (sin que sea de aplicación el artículo 64 de la Ley Concursal) con las siguientes especialidades:
    • En ambos casos, el solicitante será la propia empresa con la autorización de la administración concursal (en concursos en régimen de intervención) o directamente esta última (en concursos en régimen de suspensión). Del mismo modo, deberá informarse inmediatamente al juez del concurso, de forma telemática, de la solicitud, resolución y medidas aplicables en el ERTE.
    • En relación con los ERTEs por fuerza mayor, la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor podrá ser impugnada ante la jurisdicción laboral.
    • En relación con los ERTEs por causas económicas, técnicas u organizativas, la administración concursal será parte del periodo de consultas; en el caso de que no se alcance un acuerdo con los trabajadores durante ese período de consultas, la administración concursal autorizará (en concursos en régimen de intervención) o adoptará (en concursos en régimen de suspensión) la decisión empresarial de suspender los contratos o reducir la jornada laboral. El juez del concurso será competente para resolver impugnaciones relacionadas con la decisión empresarial sobre la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada.

 

INVERSIONES EXTRANJERAS (18 DE MARZO)

 

En el contexto del estado de alarma, el gobierno de España ha decidido, por medio del Real Decreto-ley 8/2020, endurecer los requisitos para que los extranjeros inviertan en determinados sectores de empresas españolas. En este sentido, el régimen de liberalización de algunas inversiones extranjeras en España ha sido suspendido, prohibiendo dichas inversiones salvo que se obtenga una determinada autorización.

Las inversiones extranjeras directas son entendidas como todas aquellas inversiones llevadas a cabo por residentes en países de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) bajo las cuales el inversor llega a ostentar el 10 % o más del capital de la sociedad española, o cuando como resultado de una operación societaria, acto o negocio jurídico, se ve envuelto en el control efectivo de la compañía.

La suspensión afecta específicamente a las inversiones extranjeras directas cuando se realicen en los siguientes sectores y afecten al orden público, seguridad pública y salud pública:

  • Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
  • Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluida la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
  • Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.
  • Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • Medios de comunicación.

La inversión en sociedades españolas queda igualmente prohibida en los siguientes supuestos:

  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país, aplicándose a efectos de determinar la existencia del referido control los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
  • Si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, y especialmente los relacionados en el apartado 2 de este artículo.
  • si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

 

La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas se encontrará sujeta a una autorización de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2003. Todas las operaciones llevadas a cabo sin dicha autorización carecerán de validez y efectos jurídicos de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.

Esta suspensión será de aplicación hasta que el Consejo de Ministros determine su levantamiento.

 

 31 DE MARZO:

 

La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras se ha visto modificado y matizado por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020 el pasado 31 de marzo. Concretamente, se modifican dos ámbitos principales:

En primer lugar, la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras aplica a las inversiones que se realicen por residentes de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio o por residentes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entiende que existe esta titularidad real cuando estos posean directa o indirectamente un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto del inversor. 

En segundo lugar, se regula la autorización para poder llevar a cabo este tipo de inversiones por un proceso simplificado siempre que:

  • Se acredite que existe un acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio hubiese sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad al 18 de marzo de 2020.
  • Aquellas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón e inferior a 5 millones de euros.

Por otro lado, se exime de la obligación de obtener autorización a aquellas inversiones cuyo importe no exceda 1 millón de euros.

Leave a comment

8 + 5 =