Cómo afecta el COVID-19 en las inversiones extranjeras

INVERSIONES EXTRANJERAS (18 DE MARZO)

 

En el contexto del estado de alarma, el gobierno de España ha decidido, por medio del Real Decreto-ley 8/2020, endurecer los requisitos para que los extranjeros inviertan en determinados sectores de empresas españolas. En este sentido, el régimen de liberalización de algunas inversiones extranjeras en España ha sido suspendido, prohibiendo dichas inversiones salvo que se obtenga una determinada autorización.

 

Las inversiones extranjeras directas son entendidas como todas aquellas inversiones llevadas a cabo por residentes en países de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) bajo las cuales el inversor llega a ostentar el 10 % o más del capital de la sociedad española, o cuando como resultado de una operación societaria, acto o negocio jurídico, se ve envuelto en el control efectivo de la compañía.

 

La suspensión afecta específicamente a las inversiones extranjeras directas cuando se realicen en los siguientes sectores y afecten al orden público, seguridad pública y salud pública:

 

  • Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
  • Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluida la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
  • Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.
  • Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • Medios de comunicación.

 

La inversión en sociedades españolas queda igualmente prohibida en los siguientes supuestos:

 

  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país, aplicándose a efectos de determinar la existencia del referido control los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
  • Si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, y especialmente los relacionados en el apartado 2 de este artículo.
  • si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

 

La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas se encontrará sujeta a una autorización de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2003. Todas las operaciones llevadas a cabo sin dicha autorización carecerán de validez y efectos jurídicos de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.

 

Esta suspensión será de aplicación hasta que el Consejo de Ministros determine su levantamiento.

 

 31 DE MARZO:

 

La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras se ha visto modificado y matizado por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020 el pasado 31 de marzo. Concretamente, se modifican dos ámbitos principales:

 

En primer lugar, la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras aplica a las inversiones que se realicen por residentes de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio o por residentes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entiende que existe esta titularidad real cuando estos posean directa o indirectamente un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto del inversor. 

 

En segundo lugar, se regula la autorización para poder llevar a cabo este tipo de inversiones por un proceso simplificado siempre que:

 

  • Se acredite que existe un acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio hubiese sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad al 18 de marzo de 2020.
  • Aquellas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón e inferior a 5 millones de euros.

 

Por otro lado, se exime de la obligación de obtener autorización a aquellas inversiones cuyo importe no exceda 1 millón de euros.

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